La ampliación de la escolaridad obligatoria es discutible. ¿Más financiación de la privada?

Propuesta electoral del PSOE: aumento de la escolaridad obligatoria a los 18 años

Desde la transición, en el ámbito de la educación, el PSOE se ha caracterizado por desarrollar leyes o medidas que, sea cual fuere la intención (abaratamiento de costes, conciliar con la Iglesia católica, evitar el enfrentamiento con las clases altas, etc), han beneficiado enormemente a la escuela privada.

No se debe olvidar que la LODE (Ley orgánica del derecho a la educación de 1985), fue la ley que instauró los conciertos escolares, instrumentos de financiación de la enseñanza privada que han venido muy bien a los gobiernos del PP para su política de privatización.

La LOGSE (1990) pretendía teóricamente lograr la igualdad y la integración de todos los ciudadanos desde la escuela y ampliaba al escolarización a los 16 años. Algunos opinamos que, en el mejor de los casos, la ley no consiguió lo que pretendía. Y digo en el mejor de los casos porque siempre es difícil y hasta imprudente hacer juicios de intenciones.

Con este armazón, el PP no tuvo más que eliminar controles en los conciertos, empeorar las condiciones de los centros públicos y abrir las puertas, ya instaladas, para que se produjera una importante emigración de la enseñanza pública a la privada. En Madrid, desgraciado baluarte de la gestión llevada a cabo por el neoliberalismo radical, hay numerosos ejemplos de centros privados financiados hasta con cesiones de suelo (o sea, hasta en su construcción), mientras que se cierran centros públicos.

Ahora, en el inicio de la "movida electoral", el PSOE vuelve a la carga con la propuesta de ampliar la escolaridad obligatoria.

Para desenmascarar la trampa, nada mejor que aportar datos y hacerse preguntas.

1. La enseñanza en los centros públicos de enseñanza secundaria es gratuita y cubre la escolaridad hasta los 18 años o más (bachillerato, FP). Así que cualquier ciudadano puede estudiar sin coste de matrícula hasta esta edad o hasta finalizar los ciclos de Formación profesional o los cursos de bachillerato.
2. La ampliación de la escolaridad obligatoria supone la obligación legal de financiar los centros privados concertados hasta el nivel que cubre el período.
3. A partir de los 16 años se puede acceder al mundo laboral. Si bien sería bueno retrasar la edad de incorporación al trabajo, la medida supone prohibir trabajar hasta cumplidos los 18 años. ¿Por qué no se propone dedicar recursos a evitar el abandono de las instituciones escolares fomentando la formación postobligatoria adecuada a los intereses y necesidades de los estudiantes con plazas y medios suficientes, además de con becas en cuantía suficiente para que nadie que lo desee deje de estudiar? ¿Es adecuado obligar a permanecer en las aulas (sobre todo en aulas tradicionales) a quien rechaza un sistema que, probablemente, tratará de boicotear?
4. Se habla de que tal medida pretende que disminuya el abandono escolar temprano, concepto acuñado en Europa como indicador educativo y que mide el porcentaje de ciudadanos de 18 a 24 años que no han continuado estudios después de acabar los obligatorios con o sin éxito. En España este índice supera ampliamente el 20% ¿No es más sensato dedicar en primer lugar recursos para lograr disminuir el fracaso y el abandono escolares antes de concluir el período obligatorio actual en vez de empezar la casa por el tejado?
5. Es muy frecuente que alumnos que abandonaron antes de tiempo el sistema declaren que volverían a intentarlo si tuvieran posibilidad y medios. Han madurado y reconocen al valor de de la formación y la cultura. La educación de personas adultas está muy poco desarrollada y no se facilita de verdad la formación permanente ni la movilidad horizontal entre las modalidades regladas ni de estas con las no regladas.

Si añadimos que las medidas educativas del posible programa electoral incluyen caminar hacia la gratuidad de 0 a 3 años mediante becas, la conclusión es evidente: La patronal privada concertada estará encantada. Podrá admitir a los alumnos que desee ("de buenas familias") desde edad temprana (no obligatoria y, por lo tanto sin posibilidad de control de acceso por parte de los poderes públicos) y mantenerlos hasta los 18 años con dinero público sin cumplir el objetivo de integración social que sí puede favorecer la red de titularidad pública donde, entre otras cosas, no se limita la entrada en ningún nivel ni modalidad salvo por razones puramente académicas o de evaluación, escollos que se podrían modificar sin necesidad de incrementar la obligatoriedad.

¿Por qué no garantizar puestos públicos desde los 0  a los 18 años para toda la población? Para eso no hace falta ampliar la escolaridad obligatoria hasta edades en las que no se puede garantizar su cumplimiento.